viernes, 6 de agosto de 2010

Prosigue la campaña a favor del copago: el PSOE de Catalunya insiste





Expertos en sanidad aconsejan a la Generalitat que aplique el copago

Para que la sanidad catalana fuera viable económicamente, habría que variar impuestos, impulsar el copago entre Administración y paciente, relacionar el salario de los profesionales con su eficiencia y exigir más responsabilidad a las mutuas. Estas son algunas de las conclusiones del nuevo informe para la racionalización y financiación del gasto sanitario, encargado por la Generalitat a un grupo de expertos presidido por el doctor Miquel Vilardell, que llegó ayer a manos del consejero de Economía, Antoni Castells, y la consejera de Salud, Marina Geli.

El Gobierno encargó esta recopilación de propuestas (la primera en la misma línea se elaboró en 2005) porque "la coyuntura requiere introducir nuevas políticas encaminadas a un uso más eficiente de los recursos". Con un "alto grado de consenso" el informe propone a la Generalitat nuevamente sistemas de copago. Pide que se revisen los relacionados sobre todo con medicamentos. Su precio con receta depende hoy de si se está jubilado o no. Según el informe Vilardell, sin embargo, debería variar "en función de la renta y el patrimonio bajo criterios de equidad social". Además, indica que en los centros públicos, aunque la asistencia sanitaria debe ser gratuita, se podrían cobrar "servicios adicionales relacionados con el confort".

Cambios fiscales

Los expertos también determinan que habría que incrementar los impuestos indirectos sobre el tabaco y el alcohol, de forma "finalista", es decir, que ese incremento tuviera como destino la sanidad. De este modo, se reduciría "el consumo y se aumentaría la recaudación". Además, en el ámbito sanitario habría que revisar el impuesto sobre el valor añadido (IVA), del que están exentos los servicios sanitarios, pero no los productos que la sanidad compra para los centros (como material quirúrgico o higiénico). También se aconseja modificar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), del que los equipamientos sanitarios (hospitales o centros de salud) no están exentos.

Además, el grupo de 13 expertos propone sistemas para mejorar la eficiencia de los profesionales sanitarios, como que su retribución varíe según su "responsabilidad, dedicación y cumplimiento de objetivos". Los expertos creen necesario instaurar listas de espera únicas para todo el territorio catalán (y no por centros) y revisar la cartera de servicios sanitarios, evaluando la relación entre coste y efectividad. También recuerdan que la sanidad pública no tiene que sufragar los gastos de enfermedades profesionales que son responsabilidad de las mutuas y aseguradoras.

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